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Revisión en terminales detecta fallas en los buses

Los controles que se realizan en las terminales terrestres de Quito y Guayaquil muestran el estado en que los buses intra e interprovinciales operan desde estas ciudades. En el caso de la capital, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) muestra que de enero a agosto pasados han sido suspendidos 1 638 automotores revisados en Carcelén y en Quitumbe.

Las razones más frecuentes son que las unidades trabajaban con llantas en mal estado o que los conductores manejaban con licencias sin puntos. Guillermo Altamirano, director de Fiscalización de la AMT, dice que la revisión en las dos terminales es rigurosa y que en los últimos accidentes no estuvieron involucradas unidades que salieron de allí. Pero también se encontraron buses con parabrisas trizados o casos en que sus dueños no presentan el documento de circulación vigente.

Los choferes dicen que la suspensión implica “grandes pérdidas”. Andrés Hidalgo, chofer de la Cooperativa Alóag, que recorre entre Alóag, Santo Domingo, Quinindé, Baños y Quito, gana USD 150 por viaje. Ese es el monto que dejaría de percibir en caso de que el automotor que conduce no pase los controles. En la terminal de Guayaquil también hay problemas. Luego del accidente de la Cooperativa Nambija, que dejó 12 fallecidos, las autoridades anunciaron controles. En uno de estos se descubrieron buses que trabajaban con fallas en el sistema de frenos o tubos de escape rotos; otros que tenían problemas en la combustión y desperfectos en el sistema de amortiguamiento.

En uno de los chequeos realizados, 17 de los 18 buses no pasaron las pruebas. Por eso, la Unión de Transportistas Intraprovinciales del Guayas llegó a un acuerdo con la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), para que los carros que no superaron el chequeo fueran a una revisión técnica vehicular. Esa inspección es voluntaria. Revisión en terminales detecta fallas en los buses Andrés Roche, gerente de la ATM, puntualizó que a los conductores se les entrega una cartilla con las recomendaciones y las fallas mecánicas que deben reparar para que vuelvan a realizar otro control, aprobar y seguir circulando.

Carlos Orellana, director del Centro de Revisión Vehicular, advierte que no tiene cifras de cuántos buses han sido chequeados y cuántos han aprobado ese proceso. Lo cierto es que de los 1 300 carros que tiene la Unión de Transportistas Intraprovinciales del Guayas, 700 que circu­lan en Guayaquil deben pasar un chequeo con equipos tecnológicos. Antes, solamente habían pasado por una revisión manual, que se realiza en cantones que no cuentan con centros equipados.

La mañana de ayer se ejecutó un segundo operativo. Este fue liderado por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), con el fin de verificar que las unidades cuenten con el kit de seguridad (cámaras de seguridad y GPS) y los cinturones para pasajeros. Esto se concretó luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Ministerio del Interior anunciaran que se usarán esos aparatos para controlar la velocidad y la seguridad en las vías. Dos buses fueron suspendidos ayer. A uno se le sancionó por tener desbalance en una de sus llantas y al otro, por tener los cinturones cortados. Según la CTE, a escala nacional son 12 000 buses inter e intraprovinciales que circulan en la red vial. El coronel Raúl Flores, jefe nacional de Transporte Público de la CTE, indicó que en lo que va del 2018, 3 600 unidades han sido suspendidas por fallas mecánicas o la falta del kit de seguridad. El director ejecutivo de la CTE, Luis Valenzuela, puntualizó que desde el 2011 toda unidad debe tener los cinturones.

El funcionario dice que los operativos “han sido constantes durante el año, solo que ahora se han intensificado”. En el caso de las provincias cubiertas por la CTE, desde el feriado del 9 de octubre habrá agentes encubiertos que viajarán como pasajeros y tendrán la potestad para sancionar a los conductores que incurran en malas prácticas de manejo, rebasen en curvas o vayan a exce­so de velocidad. A inicios de este mes la ANT, en cambio, adelantó que 300 personas encubiertas vigilarán a los transportistas para evitar excesos que producen accidentes de tránsito en las carreteras.

Contexto original: El Comercio 

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100 fotorradares se reubican en puntos críticos de las vías estatales

En la vía a Papallacta operan 10 fotorradares y no se puede circu­lar a más de 60 kiló­metros por hora. Los dispositivos fueron colocados en la primera semana de septiembre, para controlar el exceso de velocidad vehicular, luego del grave accidente de un bus de pasajeros (el 14 de agosto), que causó la muerte de 23 personas. Otros 16 aparatos están en la Alóag-Santo Domingo y 4 más en la Cuenca-Molleturo. Los 30 equipos son parte de un total de 100 fotorradares, que son reubicados en los sitios de mayor siniestralidad (llamados ‘puntos negros’) de las vías estatales, explicó Luis Valenzuela, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). El funcionario explicó que se decidió optimizar el uso de los 615 radares con los que se cuenta actualmente, hasta concretar la adquisición de los nuevos 500 dispositivos.

Esa reubicación constituye la primera etapa del plan para reducir la cantidad de accidentes de tránsito en las carreteras por exceso de velocidad, que es la segunda causa por la que se dan los siniestros. Hasta agosto de este año se registraron 16 746 accidentes, detallan las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito. En una segunda fase está la contratación de más equipos, un pedido realizado por el presidente Lenín Moreno, tras el siniestro de Papallacta.

Las autoridades debaten el mecanismo que emplearán para la compra; es decir, si lo hacen a través de una alianza público-privada, como informó inicialmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o por otra vía. Valenzuela informó que esta semana se tiene previsto tomar esa decisión. Para la instalación de los 70 faltantes de la primera fase se analiza dónde están los puntos de mayor accidentalidad de las otras vías principales. Valenzuela indicó que estos 100 fotorradares son sancionadores, es decir, toman las fotos a los vehículos y se emiten las multas a los conductores infractores.

En la primera, uno de los ocho radares no sirve. El dispositivo electrónico está apagado y el flash tampoco emite ninguna luz. Eso impide registrar el exceso de velocidad al descender de Cotopaxi hacia el puente Jambelí, en el sur de Pichincha.

En la actualidad, la red vial estatal de 9 600 kilómetros está controlada con 615 dispositivos, de los cuales 550 son sancionadores y 65 son informativos. Estos últimos solo tienen la función de disuadir al conductor para que reduzca la velocidad, es decir, no hay ninguna sanción o multa. Todos esos 65 están en buenas condiciones, sin embargo, en el grupo de los 550 hay 124 dañados, incompletos, golpeados e incluso baleados. Estos casos se detectaron en la Panamericana Sur y en la vía Santo Domingo de los Tsáchilas.

En Cotopaxi, la información aparece a medias en las pantallas LED de los equipos ubicados en los sectores del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi o Piedra Colorada, en Poaló y en Panzaleo (Salcedo). Los aparatos fueron ubicados en febrero por altos índices de accidentes de tránsito. En Santo Domingo, de los 30 dispositivos colocados en el 2014 funcionan 25. Valenzuela indica que buena parte de los equipos está en mal estado, porque fueron destrozados por vándalos. Los dispositivos están en proceso de refacción, a cargo de la empresa aseguradora. En los primeros ocho meses de este año, el sistema de fotorradares emitió 124 883 citaciones por ir a exceso de velocidad.

Es un aumento del 215,25% en relación con el mismo período del año pasado, cuando hubo 40 121 citaciones, indican las cifras de la CTE. Las multas se impusieron a 90 516 conductores, entre enero y agosto, lo que quiere decir que hay infractores reincidentes, comenta Valenzuela. En todo el año pasado hubo 58 744 choferes sancionados. Los excesos de velocidad se registran más en las vías de la Costa por ser rectas. En contexto El Ministerio de Transporte y Obras Públicas proyecta invertir USD 54,9 millones en la compra de 500 fotorradares, para cubrir la red vial estatal de 9 600 kilómetros. El proceso para la contratación y el mantenimiento de todo el sistema está en debate.

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